domingo, 31 de octubre de 2010

Encontraron al culpable

El nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar,  ISAK ANDIC, dueño de la cadena de tiendas "Mango", solicitó de forma pública que se introduzcan reformas en las Administraciones Públicas, de tal forma que la retribución del funcionario sea variable, dependiendo de su productividad, y que la estabilidad en el empleo sea similar a la del sector privado. Y se quedó tan ancho.

Para analizar estas declaraciones conviene hacer un poco de memoria y recordar que en este país cuando muere Franco el gasto en protección social era de sólo el 14 % del PIB (producto interior bruto). El de los países de Europa Occidental era de un 22% de su PIB.
Al llegar la democracia y, sobre todo por las presiones y movilizaciones sindicales (sí, esas organizaciones hoy denostadas y vilipendiadas, incluso por muchos trabajadores), España pasa de ese 14 % al 24% en el año 93. Europa en ese momento ha pasado del 22 al 28%, pero la reducción ha sido significativa.
Pero, en 1993 el gobierno del Partido Socialista, aliado con Convergencia i Unió, toma la decisión, con el ministro Pedro Solbes a la cabeza, de converger en la Unidad Monetaria, lo que implica la adopción de una serie de medidas económicas entre las que destaca la de reducir de forma drástica el déficit Público. A pesar de que dicha reducción se puede hacer de varias formas, una de ellas, tal vez la más justa, aumentando los impuestos, deciden que sea reduciendo el gasto público, es decir, lo más fácil para los políticos y lo peor para las clases trabajadoras. De tal forma que, a día de hoy, el gasto público en protección social es del 20% del PIB, es decir, desde 1993 a hoy hemos retrocedido un 4 % en el gasto público social.
En este país el Estado del bienestar ha sido el que ha costeado la integración en Europa, y el quid de la cuestión es que esta realidad no llega al ciudadano porque hay una avalancha mediática empeñada en hacer ver lo contrario.
Se calcula que entre el 30 y el 35% de la población de España pertenece a lo que se denomina Clase Media-Alta. Los pertenecientes a esta clase (entre los que, por supuesto, se encuentra el Sr. Isak Andic), disponen de unos medios económicos elevadísimos y un poder mediático tremendo, pues poseen y, por tanto dominan, los grandes y convencionales medios de comunicación. Su estrategia, por supuesto interesada, no dan puntada sin hilo, es hacer creer al resto de los españoles que el Estado del bienestar y sus circunstancias son un cáncer para la sociedad imposible de mantener.
Si entendemos por Estado del bienestar el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, veremos que estamos hablando de algo de suma importancia, hasta tal punto que sin la existencia del sistema actual de pensiones el 64% de los ancianos sería absolutamente pobre.
Los pilares sobre los que se asienta el Estado del bienestar, además del Sistema público de  Pensiones, son todos los servicios públicos (sanidad, seguridad, administración, vivienda social, etc.), la protección del ciudadano en el consumo y medio ambiente, el fomento y creación de empleo y su protección en el desempleo y la corrección de desigualdades sociales. Bueno, pues en todo eso, a día de hoy, estamos a la cola de Europa. España dedica a ello un 20 % del PIB, los paises pertenecientes en su día a la Europa de los 15 destinan un 27% y en Suecia es del 30%.
Algunas veces, para justificar estas cifras, se nos dice que España es más pobre, algo que no es cierto. En el año 2003 el PIB de España era del 93% del promedio de los países de la UE15, es decir, estamos casi al nivel de los principales países Europeos. Y, comparando con ellos, podemos decir que, por ejemplo, en sanidad España gasta un 6,3% del PIB, el más bajo de todos, pero, claro, el 30-35% de su población, esa clase media-alta a la que pertenece el Sr. Andic, no utliliza, normalmente, la sanidad pública.
A esa clase dominante, la del Sr. Andic, pertenecen la mayoría de los políticos, los empresarios y los dueños de los medios de comunicación, y, por tanto, no sufren las insufiencienca de infraestructuras y de personal de la sanidad pública por falta de inversión, pues a consultas rutinarias acuden a la sanidad privada que se pueden costear. Aunque para problemas sanitarios graves recurren a la Sanidad pública, pues se ha demostrado ser de mayor calidad en estas situaciones. La sanidad privada, todos lo sabemos, es mejor en cuestiónes de confort, tiempos de espera, elección de médico, etc. Los usuarios de la sanidad privada se creen a salvo y consideran que tienen su situación sanitaria resuelta, cuando en situaciones serias se ha demostrado que no es así. Pero como no la utilizan normalmente, estos poderosos no se dan cuenta de las deficiencias de la sanidad pública, de su falta de medios. Si a esto se añaden los intereses económicos y de otro tipo en la industria sanitaria, se comprenden los continuos esfuerzos de esta "casta privilegiada", a la que pertenece el dueño de "Mango", en desmantelar el sistema público sanitario y, no conformándose con ello, con la anuencia de la clase política dominante, que también pertenece a esta casta, con sus propios intereses en empresas sanitarias, de servicios, farmacéuticas, constructoras, etc., le han declarado la guerra a todo lo que huela a Estado del bienestar y proceden a su sustitución por sus propias empresas, fundaciones, etc.
Para conseguir su objetivo utilizan todos los medios a su alcance, que son muchos, entre ellos los medios de comunicación y, con el más puro estilo de Goebbels, repiten sistemáticamente una mentira, la de que el Estado del bienestar no es posible económicamente, y terminan convirtiéndola en dogma.
Esta clase privilegiada, esta casta dominante, estos dueños de los sistemas financieros que nos han hundido en una profunda crisis utilizando medios cuya característica principal es la falta de escrúpulos y la inagotable avaricia de los que más tienen, ha gozado de la actuación cómplice de los representantes elegidos por el pueblo que consintieron una especulación que, vista detenidamente, hace estremecer al más frío, y, una vez que nos han empobrecido aún más al resto, no sólo no entonan su "mea culpa", sino que ya han encontrado al "martir culpable": El Estado del Bienestar, y, dentro de éste, el funcionario.
De un plumazo el Sr. Andic y sus compinches, a los que les suena bien esta música, han hecho sonar sus trompetas y han iniciado la cacería de algo a lo que desde tiempo inmemorial seguían el rastro.
Porque si algo enerva a esta clase privilegiada es que el trabajador público tenga unos derechos laborales razonables y una estabilidad en su puesto que le blinde ante los devaneos y caprichos del político de turno. Odian que el funcinario goce de una independendica con la que pueda anteponer el interés del ciudadano, al que sirve, no olvidemos nunca esto, al del político.No pueden consentir que un funcionario no pueda ser despedido por oponerse a cualquier delirio del político-gestor de turno, posiblemente movido en sus hilos por cualquier empresario corrupto al que la legalidad le supone un estorbo en su codicia. Les desespera que un ciudadano pueda ingresar en la administración pública mediante una oposición limpia (en cuanto ellos pueden lo evitan), en la que ellos no puedan meter sus sucias manos y enchufar a sus allegados de turno.
Quieren equiparar al funcionario con el trabajador de la empresa privada, es decir, ser ellos los que  seleccionan al personal, convertirlo en mano de obra sin ninguna estabilidad ni independencia del gestor y, en un momento dado, ponerlo de patitas en la calle que otro vendrá, más barato, más manejable y más subvencionado. Como si preparar una oposición y ganarla fuera gratuito en el tiempo, en la economía y en el esfuerzo; como si padecer periódicamente el cambio de jefe, escaso de preparación, normalmente cada 4 años, no supusiera un esfuerzo añadido; como si trabajar en esta administración pública, donde no existe prácticamente la formación continua ni el derecho a la promoción en la carrera profesional, fuera poco menos que una ganga; como si haber estado padeciendo durante la época de las vacas gordas en la privada (véase boom imobiliario por ejemplo) la comparativa discriminatoria en las retribuciones, no ya con alguien equiparable en categoría, sino con los puestos más bajos, fuera algo alentador.
Pero ustedes, verdad Sr. Andic, ya se han hecho los planes y acaban de reinventar las cesantías, aquellas que por el siglo XIX se daban de forma bochornosa en la administración pública española, de tal suerte que uno era funcionario dependiendo de que el que ganase las elecciones fuera de tu bando. Así si el que ganaba las elecciones era el conservador Cánovas, y estaba en el gobierno Sagasta, los funcionarios de éste eran cesados y entraban en la Administración los de Cánovas y viceversa. Esa es la independencia en la Administración Pública que quiere el Sr. Andic y sus correligionarios de casta.
Nos dicen que no es posible un Estado del bienestar  porque es económicamente insostenible, mientras el sistema impositivo de este país es aberrante por injusto en la redistribución de la riqueza. Aquí, Sr. Andic, con el actual sistema, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres.
Evidentemente, Sr. Andic, es muy dificil un Estado del bienestar en un país donde la clase trabajadora declara más ingresos que los autónomos y empresarios. Y nadie, viendo esos datos, ha abierto una investigación que destape este fraude y dé con los huesos de los autores del mismo en el lugar que merecen ocupar.
Es complicado un Estado del bienestar en cualquier país donde las clases modestas padecen tipos impositivos (directos e indirectos) que axfisian su pobre economía, mientras los poderosos gozan de un sistema que eliminó el impuesto de sucesiones o donde las grandes sociedades de inversión pagan un 1% de sus beneficios.
Es imposible un Estado del bienestar donde en lugar de invertir en sanidad pública, educación o vivienda social, se dedica una ingente cantidad de dinero en salvar al sistema financiero de una ruina provocada por él, mientras los ciudadanos son ahogados con tipos de interés, cobros de comisión y oscuros contratos llenos de letra pequeña ilegible que nadie es capaz de comprender.
No es posible un Estado del bienestar en un país donde un tercio de sus familias no es capaz de llegar a final de mes en el mejor de los casos, cuando no pierden sus puestos de trabajo y, al no poder hacer frente a sus préstamos hipotecarios, pierden la vivienda en la que habitan, la cual pasa a manos, muchas veces por cantidades ridículas, de esa casta privilegiada, causante de esta crisis, a la que el Sr. Andic pertenece.
No puede existir el Estado del bienestar en un lugar donde los derechos de los trabajadores son conculcados contínuamente y leyes de protección como la de Seguridad y Salud en el Trabajo son incumplidas sistemáticamente, poniendo continuamente en riesgo la salud de los trabajadores.
¿Qué Estado del bienestar es posible en un país donde el Impuesto de Bienes Inmuebles es tan elevado,  y el mayor dueño inmobiliario del mismo, la Iglesia, está exento de pagar dicho impuesto? Y no conformándose con ello, se invierten miles de millones de euros de dinero público en restaurar y mantener sus edificios que, una vez realizado, son explotados por sus dueños.
Es imposible un Estado de bienestar en un lugar donde un futbolista profesional de élite tiene más ingresos, muchísimos más, que el máximo mandatario del país, mientras los científicos e investigadores sufren los rigores de sueldos cortos y becas mínimas, cuando no es el paro.
No es posible ese Estado de bienestar donde en lugar de invertir en educación pública se subvenciona, mediante concierto, a los centros privados, propiedad de esa élite privilegiada que, además, suelen utilizar sus medios para inculcar ideas y doctrinas no precisamente cercanas a la idea del bienestar común.
Sr. Andic, es imposible, no ya un Estado de bienestar, si no un Estado mínimamente justo, cuando se convive con un sistema electoral que a algunas formaciones le exige más de 250.000 votos para conseguir un Diputado y otras con menos de 60.000 lo obtienen.
Desde luego, Sr. Andic, estoy con ud. en reconocer la necesidad de reformas para abordar un futuro mejor. Le diré más, me temo que las mías son justo las contrarias de las que a ud. le gustaría, pero, además, lo primero que hemos de hacer es reconocer la agonía de este injusto sistema, causante de esta crisis que hoy nos hunde. A unos más que a otros ¿Verdad Sr. Andic?.

Pepe Sánchez